Más de 9.600 millones de euros. Este es el precio, económico, que España tiene que pagar por los accidentes de tráfico. Un daño que en cálculos emocionales y sociales no es posible cuantificar, pero que, sin embargo, no podemos ignorar.
Las cifras salen del informe de Seguridad Vial 2015 publicado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). En él se recoge cómo España se gastó en 2013 cerca de 9.640 millones de euros. Una cantidad que dedicó a todos los gastos derivados de la atención, también sanitaria, a todo tipo de víctimas de accidentes de tráfico. Un gasto que supuso el 0,94% del Producto Interior Bruto (PIB).
En el lado más tráfico de esas cifras, el número de víctimas mortales. Entonces la DGT registró 1.680 fallecidos. Además, se produjeron 89.419 accidentes de tráfico, 10.086 hospitalizados y 114.634 heridos leves.
Según se recoge en el informe de la OCDE, la mayor parte del gasto fue destinado a los hospitalizados. Para ellos fueron casi 4.190 millones de euros. 3.140 millones fueron a parar a los heridos y en torno a 2.310 millones se destinaron a las víctimas mortales. Es interesante anotar que en este resumen de cifras no se incluyen los gastos producidos por los daños materiales a la propiedad privada.
Si bien las cifras nos deberían de alarmar, es cierto que estas han bajado. Así, con respecto al ejercicio del año anterior, según este mismo análisis, en 2012 el gasto fue de 10.490 millones de euros. 14.480 millones de euros se gastó España en 1999 según recogía un estudio realizado por la Universidad Politécnica de Madrid.
Y, aunque queda mucho por hacer, también es interesante reconocer que las medidas y políticas tomadas en materia de seguridad vial han dado sus resultados. Hoy España es el quinto país de la UE con la tasa de mortalidad más baja por accidentes de tráfico. En el mundo se sitúa en el puesto número 13. Registra 3,7 víctimas mortales por cada 100.000 habitantes. Unos datos que conocemos gracias a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su ‘Informe sobre la Seguridad Vial en el mundo 2015’.
Si bien el lugar que ocupa España en estos estudios nos permite respirar con cierto ‘alivio’, los números, tomados en perspectiva, deberían obligarnos a verter más esfuerzos para ponerle freno a esta plaga. Porque que 1,25 millones de personas mueran al año en accidentes de tráfico –el estudio se recoge a partir del análisis de 180 países en 2013- y que sea la causa principal por la que mueren los jóvenes entre 15 y 29 años preocupa e invita a la acción.
Cambiar la legislación, mejorar carreteras o fabricar coches más seguros dan como resultado mejorar posiciones en los índices de siniestralidad. España podría servirnos de ejemplo. La obligatoriedad en el uso del cinturón de seguridad, del casco, de los sistemas de retención infantil, los límites de velocidad, las campañas contra la conducción bajo los efectos del alcohol han sido las principales causantes de que cada vez haya que lamentar menos víctimas, menos accidentes y menos gastos a un sistema, el de la Sanidad Pública, que hay que proteger.
Nuestro sistema sanitario debe soportar importantes costes cuando se trata de hacer frente a graves lesiones y a los gastos futuros que éstas van a suponer. ¿Puede la Sanidad Pública hacerse cargo de por vida de estas necesidades? ¿Es sostenible que todo el peso recaiga sobre las arcas públicas? ¿Deberían compartir esta responsabilidad con otros agentes? ¿Qué papel ocupan las aseguradoras en estos casos?
Nos hacemos eco de los datos recogidos por la Comisión Europea. Según sus cálculos, 219.000 euros es lo que le cuesta a las arcas públicas un herido grave por accidente de tráfico. En estos gastos se tienen en cuenta servicios de emergencia, médicos, material, productividad perdida, pero no se contabilizan otros como adaptar la vivienda a las nuevas circunstancias de la víctima.
La educación vial, la concienciación, el desarrollo de planes de movilidad más seguros y sostenibles son herramientas a tener en cuenta a la hora de abordar un problema que trunca la vida de las familias que sufren en sus hogares el drama de una pérdida, que frena nuestras rutinas (sociales, laborales…) como consecuencia de las secuelas producidas por un accidente en carretera y pone en riesgo las bondades de un sistema, el de la Sanidad Pública, que necesitamos.
Nos quedamos con los deberes que marca la OCDE a España. Y es que si bien la ‘felicita’ por el trabajo hecho, subraya como puntos a mejorar: el “frecuente” consumo de drogas entre los conductores, el 39% de los automovilistas muertos en 2014 había bebido o consumido drogas según cifras oficiales; la velocidad, responsables en el 22% de los accidentes mortales; y las distracciones al volante, en buena parte de los casos debidas al uso de los dispositivos móviles.
Por otro lado, ponemos la ilusión en los avances que la industria del automóvil proyecta para las flotas futuras, algunas vistas en TRAFIC 2015, el Salón Internacional de la Movilidad Segura y Sostenible. Algunos ejemplos son: dispositivos que miden el aliento e impiden arrancar el coche si el conductor ha bebido, vehículos que avisan cuando quien va al volante se sale de su trayectoria o se duerme, coches que detectan a los ciclistas y peatones, que reducen la marcha si se supera la distancia de seguridad, que baja las luces largas cuando se aproxima un coche de frente o que tensa el cinturón de seguridad en las salidas.
9.600 millones de euros y 1.680 fallecidos son cifras que hay que borrar.
